Los problemas de seguridad, corrupción e impunidad que padece el país no desparecerán con la ampliación de las funciones y atribuciones de las fuerzas armadas como apuesta el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores emanados de Morena. Militarizar la seguridad pública y una parte de la administración pública sólo expone el fracaso en la profesionalización de las policías municipales y estatales.
Es cierto que el proceso de militarización de la seguridad pública inició hace varios lustros pero también lo es que Andrés Manuel López Obrador había prometido desde 2012 regresar a los militares a sus cuarteles los primeros seis meses de su gobierno: “No debe seguir exponiéndose al Ejército, ni socavarlo; regresarlo en la medida que se va profesionalizando la policía y eso nos llevará seis meses, en tanto la nueva policía federal sea la que se haga cargo de garantizar la seguridad”.
No solo incumplió su promesa sino que ha incrementado el número de militares en las calles, ampliado sus funciones y atribuciones y creado una Guardia Nacional con perfil castrense, cuyo presupuesto se ha triplicado desde su creación. De acuerdo con el CIDE y la organización México Unido contra la Delincuencia, 246 funciones civiles se han trasladado a la SEDENA y Secretaría de Marina bajo el argumento que las fuerzas armadas son “menos corruptas y más eficaces”, cuando en la realidad son instituciones opacas y con menor proclividad a la rendición de cuentas.
Ahí permanece la preocupación de organizaciones nacionales e internacionales -como Amnistía Internacional- que han exhortado directamente al Presidente López Obrador a cambiar su enfoque y dejar de utilizar a las fuerzas castrenses para labores de seguridad pública dado que ha resultado insuficiente e inadecuado, aunque se insista en lo contrario.
Si bien es exagerado afirmar que la política de seguridad del gobierno federal y estatal se reduce a la frase “abrazos no balazos”, no lo es cuando se critica que el complejo problema de la inseguridad, la corrupción e impunidad se limita a enviar al Ejército, la Marina y la Guardia Nacional a las regiones más peligrosas del país. El impacto de los programas sociales es difícil de cuantificar y evaluar, además de ser una apuesta a largo plazo.
Ampliar el número de militares o policías no significa que se mejore la seguridad o se castigue a los delincuentes. Ahí están las estadísticas que muestran que “muchos detenidos” no significa “muchos procesados y sentenciados” tal como lo muestra la información presentada por el portal Animal Político que expone que de 2006 al 2018, de un total de 2 mil 181 personas detenidas en 22 entidades federativas y vinculadas a proceso por delincuencia organizada, 485 terminaron con una sentencia condenatoria, es decir, solo un 22%.
Este porcentaje obedece a múltiples problemas que inician desde irregularidades en las detenciones, mala integración de las carpetas de investigación e incluso corrupción e ineptitud de ministerios públicos y policías de investigación de las fiscalías y también a la carencia de personal en el Poder judicial. El déficit de jueces es alarmante pero esto no parece importarle a ni al Presidente ni a los gobernadores que prefieren los golpes mediáticos que producen las detenciones masivas de presuntos criminales.
Y mientras permanezcan los mismos problemas, las fuerzas armadas seguirán siendo indispensables para mantener a flote un país con visos de ingobernabilidad y Estado fallido. Ahí están las estadísticas que muestran que tanto el Ejército como la Marina son las instituciones mejor evaluadas por los ciudadanos y quienes gozan de la confianza de la población.
Policía Michoacán en la opacidad
Resulta curioso que la Policía Michoacán, hoy Guardia Civil, sea la única en el país que haya reportado al Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021 del INEGI que la información “sobre personal operativo se considera de carácter reservado”. Esta falta de transparencia, sin ningún tipo de fundamento, contribuye a mantener a la institución en la opacidad.
Por lo pronto, Michoacán ocupa el 5° lugar nacional en cuanto al número de policías asesinados durante el presente año con 16, solo precedido por Guanajuato (35), Zacatecas (32), Veracruz (21), Jalisco (18), de acuerdo con información de la organización Causa en Común.
De Mireles a Pueblos Unidos
La detención de 167 personas pertenecientes al grupo Pueblos Unidos puede convertirse en un bumerang para el Gobierno, si solo puede acreditar, en el mejor de los casos, violación a Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Hace 8 años, 82 personas pertenecientes al grupo de autodefensas encabezado por José Manuel Mireles sufrieron una situación similar, siendo absuelto cuatro años después.
