¿Debe existir una responsabilidad jurídica por la difusión de resultados de encuestas claramente tergiversadas cuyo único objetivo es manipular la percepción ciudadana a favor y/o en contra de un candidato durante el periodo de precampañas y campañas? Habrá quien opine que no, porque se trata sólo de una estrategia para posicionar a un candidato o un partido pero para quienes piensen que sí porque se estaría vulnerando el derecho a la información, para ellos es este artículo.
El reconocimiento y garantía del derecho a la información ha sido determinante en la formación de una opinión pública libre y plural que ha permitido la construcción y consolidación de un estado social y democrático de derecho. El derecho que tenemos todas y todos a recibir información veraz, es decir, información verificada, contrastada y comprobada, obliga a periodistas y medios de comunicación a mantener un papel crítico durante el proceso electoral, especialmente en la información que difunden como noticias.
La aparición reciente de resultados de encuestas donde sorprendentemente hay un “empate técnico” entre los candidatos de la alianza “Equipo por Michoacán”, encabezada por Carlos Herrera Tello y el abanderado del partido Morena, Raúl Morón Orozco, abre la discusión sobre la urgente necesidad de que las propias casas encuestadoras publiquen sus metodologías, expliquen sus resultados y transparenten los contratos para la elaboración de dichos estudios de opinión pública.
La abismal diferencia de resultados entre casas encuestadoras sobre el posicionamiento de los candidatos –en algunos casos era de 3 a 1 o 2 a 1- hace suponer que alguien está mintiendo, tergiversando datos y/o utilizando maliciosamente estas herramientas para presentarlas como información veraz en formatos engañosamente periodísticos para ser difundidas con el único objetivo de manipular la opinión ciudadana, lo cual debería derivar en responsabilidades jurídicas.
Por ello, es preciso diferenciar claramente entre información, propaganda y opinión ya que tanto doctrinal como jurídicamente tienen características y obligaciones distintas. La información difundida en los medios de comunicación, además de noticiable, relevante y de interés público, debe ser veraz, lo que implica trabajo de investigación, contraste y transparencia para garantizar el derecho a recibir de la ciudadanía. En contraste, la información propagandística debe ser claramente identificable, especialmente cuando se contrató a un medio de comunicación para su difusión, de lo contrario, el objetivo principal sería engañar y manipular al receptor.
De acuerdo con resultados de encuestas –como la publicada en diciembre 2020 por Consulta Mitofsky denominada Confianza México: Instituciones en la cual ubica a los medios de comunicación en el rango de “confianza alta”- los medios de comunicación gozan todavía de credibilidad y confianza entre la ciudadanía y si a eso le sumamos que una parte importante de ella confía en los resultados de las encuestas que ve publicadas en los medios –como se establece en el estudio realizado por Anna María Fernández Poncela titulada “La madre de las encuestas sobre la guerra de las encuestas 2012” y cuyo objetivo, según explicó la investigadora de la UAM-Xochililco fue “presentar la información y datos, metodología, análisis, interpretación y especialmente reflexión, alrededor de una encuesta de opinión pública que mide el pulso a la percepción y valoración sobre las encuestas- se establece la necesidad de transparentar la relación que pudieran tener los medios con las casas encuestadoras.
Un ejercicio interesante de contraste y transparencia ha sido el efectuado por el portal www.oraculus.mx –creado en enero de 2018 para presentar, entre otras cosas, los resultados de las encuestas que cumplen con una metodología sólida y han sido presentadas al INE-, al publicar y comparar los resultados de una docena de prestigiadas casas encuestadoras para obtener, entre otros datos, un balance de los mismos. En ninguno, cabe el señalamiento, se ha observado una diferencia tan abismal como las que se presentan en Michoacán en cuanto a la preferencia electoral se refiere.
Cada quien cuida su prestigio como desee, tanto medios de comunicación y casas encuestadoras, pero también está en juego un derecho fundamental y ese no debe ser vulnerado por los intereses de unos cuantos.
