Con la llegada de Alfredo Ramírez Bedolla se han “rescatado” una serie de programas que la federación había erradicado por considerar que habían sido utilizados para desviar recursos, además de entregar nimios resultados. En Michoacán, sin embargo, se optó por reinstalarlos porque contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas y sus comunidades.
De forma discreta, algunos gobernadores morenistas, entre ellos el mandatario michoacano, han rectificado las decisiones tomadas por el Presidente de la República y han mantenido programas sociales y de seguridad pública que generan beneficios a la población. Ahí están, por ejemplo, Escuelas de tiempo completo, Fortaseg o Atención a jornaleros agrícolas que fueron erradicados de la administración federal pero rescatados por los gobiernos estatales.
La semana pasada reinició el programa Escuelas de tiempo completo, dado de baja por el presidente Andrés Manuel López Obrador a inicios del presente año– aunque AMLO ha explicado que más que desaparición lo transformó en “La escuela es nuestra” que entrega el dinero de forma directa a las madres y padres de familia- porque “se encontró que había malos manejos. Se entregan fondos a los gobiernos estatales y no bajaban”; sin embargo, con algunas reformas y la aplicación de una serie de candados, en Michoacán beneficiará en un inicio a más de 73 mil menores de 89 municipios.
La presidenta del DIF estatal, Paula Espinoza, reconoce la importancia de mantener este programa en beneficio de miles de niñas y niños y sus madres, padres y/o tutores que obtienen no solo un par de comidas para sus hijos, sino una guía nutricional que puede contribuir a erradicar o disminuir esa arraigada cultura de consumo de comida chatarra. Por eso y otras razones era importante mantener el programa federal.
De igual forma, cuando el presidente López Obrador anunció la desaparición del Fortaseg, explicó que su decisión estaba fundamentada entre otras cosas, en la opacidad con que se aplicaba el programa –la ASF exponía en un informe que el 75.6 % de los municipios había entregado sus informes incompletos a la SHCP, lo cual mostraba subejercicios o gastos irregulares- y advertía que mantenerlo significaba apoyar la corrupción, las irregularidades en los procesos administrativos y el dispendio.
No obstante, en Michoacán se tomó la decisión de rescatar este programa para apoyar económica y logísticamente a los municipios con mayores índices de inseguridad, marginación y problemas sociales. Y como han explicado que la inseguridad no es un problema que se atiende exclusivamente con armas y policías, ya comenzaron a registrarse las primeras actividades sociales para fortalecer el tejido social como el torneo de fútbol en el municipio de Charo.
O la firma de convenio con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para brindar garantías y protección laboral a los 210 mil jornaleros que laboran en la industria agrícola estatal como parte de enmendar el vacío que dejó la desaparición del programa Atención a jornaleros agrícolas. Todas estas diferencias administrativas muestran una postura más moderada del gobierno local y una diferencia sustancial en la forma de atender los problemas.
Aguacateros, entre el daño ambiental y los abusos laborales
A las múltiples investigaciones y reportajes sobre el daño ambiental que han generado el desmedido incremento de huertas de aguacate en diversas regiones de Michoacán se suma ahora el llamado que hace el gobierno del estado a las empacadoras de este fruto para ponerse en regla y respetar los derechos laborales de sus empleados.
Resulta alarmante el primer dato que arrojó la supervisión efectuada por la Secretaría de Desarrollo Económico, efectuada en el mes de marzo, de forma coordinada con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social: solamente el 35% de las empacadoras inspeccionadas cumplen a cabalidad con las Condiciones Generales de Trabajo y el 40% lo hace parcialmente. Las irregularidades detectadas son: subcontratación ilegal, contratos fuera de norma, etc.
