Las ejecuciones registradas al inicio de la semana pasada en la capital michoacana mostraron la falta de coordinación que existe entre los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno y la inoperancia del llamado C5i, que le costó a los michoacanos varios miles de millones de pesos. Pero lo más preocupante, sin duda, fue la actitud asumida por las autoridades estatales y municipales de auto eximirse de responsabilidad por los hechos ocurridos.
Las declaraciones vertidas por el alcalde moreliano, Alfonso Martínez Alcázar, por el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez y por el comisario de Seguridad, Alejandro González Cussi, orientadas a lavarse las manos y culpar a las autoridades estatales, federales y a la anterior administración municipal, muestran que mantendrán una distancia con los gobiernos emanados de Morena. Su actitud fue similar a la asumida por el exgobernador Silvano Aureoles cuando culpaba al Gobierno de la República por los problemas de inseguridad registrados en la entidad: “(…) porque aunque el 90 por ciento de los delitos que se cometen son del fuero común, este 90 por ciento es causado por el 10 por ciento restante; es decir, por los delitos del orden federal, principalmente por el crimen organizado que deben ser atendidos desde el ámbito federal”.
Pero no debemos olvidar que las policías municipales son la red más amplia y el primer contacto de los ciudadanos con los cuerpos de seguridad del Estado, por lo que pensar que su única responsabilidad es la prevención de los delitos mediante la presencia y el patrullaje estratégico y el análisis de datos georreferenciales del fenómeno delictivo resulta un desperdicio de inteligencia y recursos humanos, en uno de los peores momentos de seguridad en el país, tal como lo exponen las investigadoras Lilian Chapa Koloffon y Mafrien Rivera, investigadoras del World Justice Proyect.
Por ello, resulta absurdo e insostenible una estrategia de seguridad local sin coordinación con las autoridades estatales y federales, que implique una labor de inteligencia con metas y objetivos claros para no convertir a la policía municipal en un “mero observador y mal gestor de la frustración de millones de víctimas del delito”, según expresan Chapa y Rivera.
Por lo pronto habrá que actualizar la frase emitida por Silvano Aureoles Conejo, expresada durante su Cuarto Informe de Labores, en referencia a los grandes avances en materia de seguridad: “La situación era un caos, era insostenible”. Hoy debemos y podemos afirmar que el problema de inseguridad en Michoacán ES un caos y ES insostenible.
Porque como dijo el analista Jacobo Dayan, especialista en derecho penal internacional y derechos humanos: (…) allí seguiremos normalizando lo inaceptable mientras la clase política pueda seguir mintiendo y evadiendo su obligación. (…) La violencia, la impunidad y la corrupción se han normalizado a grados de corresponsabilidad. También somos lo que toleramos”.
Anarquía de antros en Morelia
La completa anarquía que existe en el comportamiento de los bares y centros nocturnos en Morelia responde más a un grave problema de corrupción, ineptitud y complicidad de las autoridades municipales y de Tránsito, que a la falta de recursos humanos y materiales para hacer cumplir los reglamentos.
El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez, tiene la responsabilidad de imponer el orden ante el caos generado por los antros que ha llegado a un nivel de gravedad tal que vecinos de diversas colonias del oriente de la ciudad han denunciado abiertamente los problemas que generan estos establecimientos comerciales, principalmente por el ruido excesivo, el incumplimiento en el cierre del establecimiento, la falta de estacionamientos y el comportamiento de los clientes.
Las quejas de los afectados son francamente ignoradas por las autoridades municipales de la Dirección de Inspección y Vigilancia y por la Policía Municipal, sin mencionar que una serie indeterminada de autorizaciones para la operación de estos giros incumplen con la anuencia vecinal, tal como lo establece el Reglamento. La petición de los vecinos de las colonias Chapultepec es simple: orden y transparencia.
Transparencia para conocer si quienes dieron su anuencia –si efectivamente la otorgaron- son vecinos de la zona- y orden para que los establecimientos cumplan estrictamente con el Reglamento, tanto en los horarios de cierre, infraestructura, etc.
Feminicidios institucionales
El reportaje elaborado por las periodistas Patricia Monreal y América Juárez titulado “En Michoacán, feminicidios institucionales” es un golpe brutal a la única área de la pasada administración encabezada por Silvano Aureoles que había recibido cierto reconocimiento: la salud.
El reportaje da cuenta de los contratos otorgados a la empresa Movimedical SA. De CV. para brindar el servicio integral de detección y diagnóstico de cáncer de mama, a través de la realización de mastografías, dentro del programa Convoy de Mastografías, para lo cual destinaron más de 400 millones de pesos. La empresa no solo incumplió con las metas establecidas, sino que al parecer puso en riesgo la vida de cientos o miles de michoacanas por la entrega tardía de resultados.
La opinión de Circe López, promotora en Michoacán de la declaratoria de Alerta de Género contra las Mujeres, resume el problema en una frase demoledora: “(…) vemos como la corrupción mata y que el feminicidio y otras expresiones de violencia están en el Estado son mecanismos que se encuentran institucionalizados”.
Pero la principal disyuntiva del gobierno que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla es que su actual secretario de Salud, Elías Ibarra, ocupó el mismo cargo durante la pasada administración silvanista, al tiempo que operaba esa empresa.
