/ martes 3 de agosto de 2021

Operación blindaje.

El tiempo se le agota a Silvano Aureoles Conejo. Le restan menos de diez semanas para completar su doble propósito antes de concluir su periodo gubernamental y entregar el solio de Ocampo: blindarse ante cualquier embestida del próximo gobierno y desacreditar al futuro mandatario, Alfredo Ramírez Bedolla.

Y es que desde la imposición de dos incondicionales en cargos estratégicos como el fiscal Adrián López Solís y el auditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, ahora pretende, a través del respaldo de los legisladores del PRI, PAN y PRD, designar el resto de los cargos que se han mantenido acéfalos durante meses o años en instituciones importantes para la gobernanza como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, el Supremo Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia Administrativa y la ASM.

De concretarse este plan, el próximo gobierno enfrentaría serias dificultades para cumplir su compromiso de investigar y, en su caso, procesar a Silvano Aureoles Conejo, aunque para ello espera contar con el respaldo de las autoridades federales.

Este conflicto político generado por el actual gobernador amenaza con involucrar a los organismos autónomos que quedarían deslegitimados y con el estigma de ser instrumentos de intereses políticos al servicio de quienes los colocaron en el cargo.

Por lo pronto ya se han alzado voces para advertir sobre la intentona de diputados del PRI, PAN y PRD –con la complicidad del PVEM- de designar al titular de la CEDH, incluso violando la ley –en caso de prosperar la idea de imponer a quienes formaron parte de la terna que fue desechada-, pero con el único afán de imponer incondicionales a la causa silvanista y aliancista.

Paradójicamente Michoacán tiene dos gobernadores, uno en funciones y otro electo, pero en la realidad el solio de Ocampo está vacío. Uno porque entrará en funciones hasta el 1° de octubre y el otro porque se ha empecinado en anular las elecciones del pasado 6 de noviembre por lo que se ha asumido de facto como el abogado defensor de Carlos Herrera Tello, quien curiosamente ha guardado un silencio sepulcral desde que perdió los comicios.

La operación blindaje hasta el momento avanza sin contratiempos y sin ninguna oposición morenista como ocurrió en años anteriores cuando el todavía mandatario michoacano impuso sus propuestas en la FGE y ASM. En aquel periodo le ganó todas las partidas al entonces diputado Alfredo Ramírez por lo que se espera que en la partida final le aplique nuevamente jaque mate.

No somos iguales

Una de las frases más recurrentes del presidente Andrés Manuel López Obrador para marcar distancia de sus antecesores ha sido “no somos iguales”. Esta expresión, sin embargo, se presta a interpretaciones como aquella que dice: “la reversa también es cambio”.

Esto viene a colación por la “distracción” del Cabildo moreliano, encabezado por el alcalde sustituto, Humberto Arróniz Reyes, de autoasignarse bonos por trabajar, es decir, por cumplir para lo cual fueron electos o designados y por lo cual obtienen ingresos que rondan los cien mil pesos mensuales.

Más allá de la discusión sobre la legalidad de la decisión, resulta inmoral –otro concepto empleado recurrentemente por el mandatario federal- que estos servidores públicos hayan dispuesto de millones de pesos del erario público para regalárselos por cumplir con su responsabilidad, especialmente cuando cientos o miles de comerciantes han enfrentado una situación crítica durante la pandemia. Tan solo, con el monto de recursos autoasignados podrían ofrecerse cuando menos 450 créditos de diez mil pesos a comerciantes que han padecido los embates de la pandemia.

Y Mientras los integrantes del Cabildo de repartían dinero, Morelia descendía nuevamente en el semáforo epidemiológico por casos de Covid-19; aunque Michoacán está en amarillo, de acuerdo con las autoridades sanitarias, para la Arquidiósesis –convertida en activo actor político que igual habla de temas de narcotráfico, elecciones, economía o salud- la capital michoacana está en rojo.

El tiempo se le agota a Silvano Aureoles Conejo. Le restan menos de diez semanas para completar su doble propósito antes de concluir su periodo gubernamental y entregar el solio de Ocampo: blindarse ante cualquier embestida del próximo gobierno y desacreditar al futuro mandatario, Alfredo Ramírez Bedolla.

Y es que desde la imposición de dos incondicionales en cargos estratégicos como el fiscal Adrián López Solís y el auditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, ahora pretende, a través del respaldo de los legisladores del PRI, PAN y PRD, designar el resto de los cargos que se han mantenido acéfalos durante meses o años en instituciones importantes para la gobernanza como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, el Supremo Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia Administrativa y la ASM.

De concretarse este plan, el próximo gobierno enfrentaría serias dificultades para cumplir su compromiso de investigar y, en su caso, procesar a Silvano Aureoles Conejo, aunque para ello espera contar con el respaldo de las autoridades federales.

Este conflicto político generado por el actual gobernador amenaza con involucrar a los organismos autónomos que quedarían deslegitimados y con el estigma de ser instrumentos de intereses políticos al servicio de quienes los colocaron en el cargo.

Por lo pronto ya se han alzado voces para advertir sobre la intentona de diputados del PRI, PAN y PRD –con la complicidad del PVEM- de designar al titular de la CEDH, incluso violando la ley –en caso de prosperar la idea de imponer a quienes formaron parte de la terna que fue desechada-, pero con el único afán de imponer incondicionales a la causa silvanista y aliancista.

Paradójicamente Michoacán tiene dos gobernadores, uno en funciones y otro electo, pero en la realidad el solio de Ocampo está vacío. Uno porque entrará en funciones hasta el 1° de octubre y el otro porque se ha empecinado en anular las elecciones del pasado 6 de noviembre por lo que se ha asumido de facto como el abogado defensor de Carlos Herrera Tello, quien curiosamente ha guardado un silencio sepulcral desde que perdió los comicios.

La operación blindaje hasta el momento avanza sin contratiempos y sin ninguna oposición morenista como ocurrió en años anteriores cuando el todavía mandatario michoacano impuso sus propuestas en la FGE y ASM. En aquel periodo le ganó todas las partidas al entonces diputado Alfredo Ramírez por lo que se espera que en la partida final le aplique nuevamente jaque mate.

No somos iguales

Una de las frases más recurrentes del presidente Andrés Manuel López Obrador para marcar distancia de sus antecesores ha sido “no somos iguales”. Esta expresión, sin embargo, se presta a interpretaciones como aquella que dice: “la reversa también es cambio”.

Esto viene a colación por la “distracción” del Cabildo moreliano, encabezado por el alcalde sustituto, Humberto Arróniz Reyes, de autoasignarse bonos por trabajar, es decir, por cumplir para lo cual fueron electos o designados y por lo cual obtienen ingresos que rondan los cien mil pesos mensuales.

Más allá de la discusión sobre la legalidad de la decisión, resulta inmoral –otro concepto empleado recurrentemente por el mandatario federal- que estos servidores públicos hayan dispuesto de millones de pesos del erario público para regalárselos por cumplir con su responsabilidad, especialmente cuando cientos o miles de comerciantes han enfrentado una situación crítica durante la pandemia. Tan solo, con el monto de recursos autoasignados podrían ofrecerse cuando menos 450 créditos de diez mil pesos a comerciantes que han padecido los embates de la pandemia.

Y Mientras los integrantes del Cabildo de repartían dinero, Morelia descendía nuevamente en el semáforo epidemiológico por casos de Covid-19; aunque Michoacán está en amarillo, de acuerdo con las autoridades sanitarias, para la Arquidiósesis –convertida en activo actor político que igual habla de temas de narcotráfico, elecciones, economía o salud- la capital michoacana está en rojo.