Otro manazo en la mesa, es lo que dio el presidente de la República ahora con la instrucción de la desaparición 13 fideicomisos del poder judicial
Aceptando sin conceder, es posible que parte del dinero de estos fideicomisos no se justifique ni beneficie en el ejercicio del poder judicial y seguramente alguna parte de ese dinero se podría redirigir a algo que sí genere valor en la impartición de justicia.
Sin embargo, más de la mitad de los recursos que pretende quitar Morena son de fideicomisos enfocados en pensiones, y el de mandos superiores es el que tiene menos recursos.
Por lo menos en los fideicomisos de pensiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicó, que dichos fideicomisos no son prestaciones adicionales, sino derechos adquiridos por los trabajadores del Poder Judicial.
Al ser derechos adquiridos, (quizá algunos no cuestionables), pero derechos laborales al fin, al eliminarlos de esta manera viola la Constitución y los derechos laborales de los más de 40,000 trabajadores que existen en el poder judicial a nivel nacional.
La forma en que lo realizaron, una instrucción del presidente y un voto a ciegas de su mayoría en la Cámara de Diputados, hizo que, de manera automática en su votación nocturna, “mayoritearan” y extinguieran los fideicomisos en cuestión.
El hecho de que haya fideicomisos dirigidos hacia beneficios laborales de los trabajadores, significa que son legales, quizá cuestionables para el buen ejercicio del poder judicial, sin embargo, simplemente son derechos adquiridos en revisiones salariales y de contrato colectivo.
El artículo 123 de nuestra constitución, indica que ninguna ley puede ser aplicada en forma retroactiva, al eliminar los fideicomisos, implicaría afectar en forma retroactiva derechos adquiridos de los trabajadores
El camino correcto para hacer la extinción de algún derecho laboral, es renegociar o finiquitar el contrato colectivo y de esta manera liquidar los derechos ganados y entonces poder iniciar contrataciones de cero sin esa carga, esto no es exclusivo el poder judicial, lo vemos en la mayoría de las dependencias con un contrato sindical y con prestaciones que mirándolo desde afuera los vemos sin sentido.
Aceptar este proceso de extinción, es aceptar poner en riesgo los derechos laborales de todos los mexicanos que hoy están protegidos por la ley federal del trabajo y por supuesto la Constitución.
El resultado de este manotazo será detenido en el Senado o bajado a base de amparos promovidos desde el poder judicial, que seguro son expertos en hacerlos.
Si la intención del presidente es genuina lo veremos promover una acción correcta para extinguir ese dinero en forma legal, de lo contrario únicamente confirmaría que era un capricho más, para debilitar un poder que no está a modo cómo el poder judicial, así como tuvo su guerra intestina para debilitar a INE y al INAI
POSDATA:
Unas horas después, los mismos diputados votaron a favor de crear un fideicomiso para el Tren Maya, operado por la SEDENA.
¡Es tiempo de los ciudadanos!
Abelardo Pérez Estrada
Empresario, analista político, Expresidente CANACINTRA
