Para enfrentar el complejo entramado criminal de la extorsión en Michoacán, en febrero de 2023 entró en vigor una reforma legislativa impulsada por el Gobernador Bedolla, que aumentó la pena de prisión para la extorsión de 12 a 25 años; además aprobó que este delito sea investigado sin necesidad de ser denunciado. A esta reforma se sumó la decisión de otra medida reactiva al despegar miles de militares en las zonas afectadas.
Esta medida se vio reflejada en el incremento de las carpetas de investigación pues en el 2022 se integraron 65 carpetas por ese delito y para el cierre del 2023, 241. (SESNSP, 20223).
Las autoridades no han informado de la desarticulación y/o detención de grupos del crimen organizado vinculados a la extorsión o cobro de derecho de piso.
Para entender un poco este fenómeno criminal, hay que aclarar que las carpetas iniciadas no reflejan el tamaño real del problema, ya que la cifra oculta para este delito es poco más del 88 %. Las víctimas no denuncian por temor a represalias por parte de los grupos del crimen organizado.
Lo que es muy claro es que los grupos del crimen organizado continúan sometiendo a la población de varias regiones de Michoacán, recientemente fue asesinada Miriam Ríos, comisionada municipal de Movimiento Ciudadano en Jacona, y según el Fiscal General de Michoacán Adrián López, señaló que presumiblemente fue extorsionada por una célula del crimen organizado y por negarse a pagar la extorsión fue atacada a balazos.
Pesquisas realizadas por el periodista Carlos Arrieta en las zonas de producción de limón, evidencian como según productores, empacadores locales y empresarios del transporte actualmente toda vía pagan el impuesto criminal.
En una investigación publicada en el diario El Universal del pasado 16 de enero, testigos locales señalaron que el grupo criminal “de los viagra” es el que controla la llegada de medicamentos a los municipios de Apatzingán y Buenavista. Habitantes y comerciantes sostuvieron que ni siquiera pasa por su cabeza presentar alguna denuncia, pues más tardarían en hacerlo que el grupo criminal en tomar represalias en su contra y de sus familias.
El pasado 18 de enero un grupo armado incendio lotes de autos en Uruapan y desataron una balacera, el propietario de los lotes señalo que fue víctima de extorsión y por no pagar incendiaron su negocio. No hay detenidos.
Queda claro que las medidas tomadas por el Gobierno del Estado, no son suficientes, en principio por que son reactivas, seguido por que no atiende las causales que ha originado está problemática. De igual forma, hasta la fecha no hay evidencia y/o pruebas contundentes que avalen el hecho de que incrementar las penas disuada a los criminales de incurrir o volver a incurrir en una actividad delictiva.
La respuesta del ejecutivo estatal tiene que ver con un populismo punitivo, este término hace referencia, por un lado, a la utilización de la retórica penal con fines políticos, enfocándose en la aplicación de medidas punitivas como respuesta a problemas sociales complejos.
Desde la perspectiva del criminólogo David Garland, el populismo punitivo surge como una respuesta simplista a la complejidad de los problemas sociales. En su obra "La Cultura del Control" (2001), Garland sostiene que las políticas punitivas a menudo se basan en la necesidad de los líderes políticos de mostrar un frente fuerte ante la delincuencia, a pesar de la falta de evidencia que respalde la eficacia de estas medidas.
Los gobiernos no atinan en revertir la extorsión, ni el cobro de derecho de piso, que es cada vez más violenta la reacción de los grupos del crimen organizado en contra de la población, en este país si no pagas te matan.
Frente a la realidad de este complejo y cada vez más violento fenómeno criminal, surge la irónica pregunta de qué si ¿el populismo punitivo perpetúa problemas en lugar de resolverlos?
Especialista en Seguridad Ciudadana con perspectiva de género y tipologías preventivas
