Pese al complejo e incierto inicio de la actual administración, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha logrado sobreponerse a los principales conflictos que enfrentaba, incluso dentro de su propio partido, para evitar la sombra de la ingobernabilidad. El Michoacán dejado por Silvano Aureoles Conejo estaba a punto del colapso, tanto financiero como social y político pero logró estabilizar la entidad.
Este primer año de la administración Bedollista, de claroscuros como cualquier gobierno, se caracterizó por intentar, primero, estabilizar financieramente la entidad, al borde del colapso, por la falta de recursos para el pago de salarios al magisterio que amenazaban con paralizar el estado. Este esfuerzo requirió que Ramírez Bedolla tuviera que rectificar su compromiso de solicitar nuevos empréstitos como lo había criticado cuando era legislador. El apoyo incondicional del presidente Andrés Manuel López Obrador y el respaldo de la Cámara de Diputados para reestructurar la deuda pública le permitieron solventar el primer escollo y evitar un conflicto mayor.
Tender puentes con el sector empresarial e industrial que abiertamente habían mostrado su apoyo a la candidatura de Carlos Herrera, convocados por los principales detractores del Presidente López Obrador, también requirió trabajo y condescendencia, demasiada quizá para el desplante recibido en campaña pero que le permitió comenzar a disipar los temores y dudas sobre la política económica del nuevo gobernador morenista. Sin duda, la labor de Luis Navarro y Rubén Medina González han sido fundamentales para destensar la situación. Además su inflexible postura de impedir el bloqueo de las vías férreas le ha generado confianza de inversionistas nacionales e internacionales.
Es verdad que hasta el momento no se ha concretado ninguna inversión importante aunque se han anunciado proyectos para atraer grandes empresas nacionales y trasnacionales a la entidad. Lo cierto es que la única inversión destacable es con recursos públicos para edificar las oficinas centrales del IMSS en Morelia, un gasto innecesario pero que responde a una promesa del Presidente desde campaña.
También se debe reconocer su apertura al fortalecimiento municipal y de las comunidades indígenas para que, por medio del acceso a diversos programas, atiendan necesidades básicas como seguridad, desarrollo social e infraestructura urbana.
Pero si algo ha generado polémica ha sido la política de seguridad. Como cualquier estadística puede ser asumida de forma positiva o negativa –el mejor ejemplo es que ante el mayor número de homicidios dolosos de la historia, el Presidente López Obrador considera que su política de “abrazos no balazos” ha funcionado-, el proyecto Bedollista ha sido de claroscuros: cambios cosméticos –como la transformación de la Policía Michoacán en Guardia Civil-, rescate de programas desechados por el propio Morena a nivel federal –como el Fortapaz-, la apuesta por la militarización y la desprotección de las instituciones de procuración e impartición de justicia.
Los resultado han sido, por tanto, de claroscuros; Michoacán se mantiene en el segundo lugar nacional en el número de homicidios dolosos, sólo por debajo de Guanajuato y peleando el lugar con Zacatecas. Si bien, han disminuido delitos de alto impacto como el secuestro y robo de vehículos, la sensación de inseguridad es innegable, especialmente en las ciudades más importantes de la entidad como Morelia, Zamora, Uruapan y Zitácuaro, así como en los caminos de diversas regiones.
Los grandes pendientes.
Una de las principales arengas durante la campaña de los candidatos de Morena -principalmente del actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla- fueron las denuncias por el derroche de recursos durante la administración de Silvano Aureoles Conejo. Fueron muchas y severas acusaciones vertidas contra el despilfarro y los supuestos desvíos de recursos para que hasta el momento no haya ningún resultado concreto. Incluso, el exmandatario ya se apuntó como aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República sin el mínimo rubor.
La llamada federalización de la nómina magisterial sigue siendo una promesa incumplida del Presidente López Obrador y ahora también del gobernador. Es entendible que el proceso es complejo, máxime por el desorden administrativo heredado, pero cumple ya cuatro años y se acaba el tiempo.
Ahora la pregunta que obligadamente surge al concluir el primer año de gobierno: ¿Habrá cambios en el gabinete? Cuando menos se debería poner sobre la mesa algunos nombres: Gabriel Molina, Azucena Marín, Alejandro Méndez, Yarabí Ávila…
