Al final, después de todos los ataques verbales, las descalificaciones y los insultos vertidos desde la Presidencia de la República y el partido Morena y a pesar del brutal recorte presupuestal para organizar la consulta de Revocación de Mandato, salió avante el Instituto Nacional Electoral. La ciudadanía respondió nuevamente al llamado de una de las instituciones más confiables del país y pese al controversial ejercicio democrático ofreció su tiempo y disposición para instalar las casillas y contar los votos.
Pero si hubo un triunfador entonces alguien salió derrotado y ese fue el presidente Andrés Manuel López Obrador y su séquito de funcionarios, gobernadores, senadores y diputados que se sumaron al intento de descrédito del INE. En ningún otro proceso electoral se han registrado tantas y tan abiertas violaciones a la legislación electoral –el Instituto había recibido 172 quejas por la presunta participación abierta y sistemática de servidores públicos en la promoción de la Consulta, lo que ha puesto en riesgo su validez jurídica- por parte de quienes juraron respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen.
El Presidente López Obrador y Morena han sentado también un precedente funesto para las futuras consultas: con la reforma al artículo 35 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que permite que se pueda promover –excepto en radio y televisión- por cualquier medio el referéndum, consiente a quienes tienen mucho dinero pagar publicidad para favorecer sus intereses; usar la continuidad o cancelación de los programas sociales como instrumento y permitir a los funcionarios públicos promover el ejercicio, aunque ya el TEPJF les corrigiera la plana.
Esta Consulta no estaba centrada en el resultado; no había un ápice de duda de que el Presidente López Obrador obtendría un abrumador respaldo para que concluyera su mandato porque los gobiernos emanados de Morena se encargaron precisamente de ello. Pero también era prácticamente un hecho que la participación ciudadana sería muy inferior a la que un ejercicio de este tipo debería convocar, sobre todo en un país tan polarizado como México. Y justamente donde surge la pregunta ¿dónde están los opositores al Presidente? Si la oposición obtuvo en conjunto 23 millones de votos y la popularidad de AMLO va en picada ¿por qué no utilizar este instrumento democrático para enviarlo a su finca en Palenque?
Desde hace más de dos décadas ha sido una costumbre de López Obrador organizar consultas de todo tipo para intentar legitimar sus decisiones, muchas de ellas, sin sustento jurídico o incluso contrarias a la norma. En todas sus encuestas ha recibido un abrumador respaldo. En las 13 consultas convocadas desde el año 2000, en ninguna ha rebasado el 10 por ciento de la población convocada pero sí ha logrado alcanzar el 98% del respaldo como ocurrió el 1° de agosto de 2021 en el referéndum sobre el juicio a los expresidentes. Ésta no tendría porqué ser la excepción.
Es así que la oposición tenía dos maneras de mostrar su rechazo al Presidente: salir a votar para concluir anticipadamente su mandato o quedarse criticando el ejercicio en redes sociales. Solo una es vinculante y le costó a la ciudadanía más de mil 700 millones de pesos.
Propuestas para garantizar la seguridad de periodistas
Desde hace semanas iniciaron las reuniones de un grupo de periodistas con los titulares de diversos Poderes del Estado e instituciones autónomas para encontrar la mejor forma de garantizar la seguridad de quienes ejercen esta profesión. Las propuestas, sin embargo, aunque bien intencionadas sin duda, no están orientadas a resolver el gravísimo problema de impunidad que afecta a la entidad y al país entero.
La propuesta de reformar el artículo 8° de la Constitución Política del Estado de Michoacán vulneraría incluso el derecho a la libertad de expresión de los servidores públicos, que tienen el derecho de mostrar su desacuerdo con lo que se publica en los medios. El centro del problema no radica en la diversidad de opiniones y la crítica –la Carta Magna y los instrumentos internacionales son claros en cuanto los límites a la libertad de expresión y el derecho a la información- sino en la falta de mecanismos para castigar a quienes abusan de su posición de poder público y lo utilizan para limitar la libertad de prensa.
Por ello, proponer una reforma al artículo 115 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán para establecer que “queda prohibido el uso de la fuerza pública en contra de las personas que ejercen el periodismo”, o al artículo 134 y 141 del citado ordenamiento donde quedaría la obligación (que uno pensaría que están capacitados para conocer y respetar todos los derechos humanos) para ingresar y permanecer en instituciones de seguridad pública “demostrar habilidades y conocimientos en derechos de libertad de expresión” y “Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización en materia de derechos de libertad de expresión”, solo sería un cambio cosmético que no traería beneficio alguno.
A fin de cuentas, como dijo el vocero de la Policía Municipal de Morelia, cuando agredieron a decenas de periodistas durante la marcha del 8 de marzo: los policías no conocen a los reporteros…
