Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- La Fiscalía General del Estado (FGE) acordó revisar 21 carpetas de investigación acumuladas desde 2007 sobre periodistas desaparecidos o asesinados. Luego de una sesión con representantes locales de los medios de comunicación, el titular de la dependencia, Adrián López Solís, se comprometió a que en un plazo de máximo 15 días se ponga a disposición el citado número de casos, a fin de que se actualice el estatus de las investigaciones o incluso se “desempolven” los más rezagados.
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Reunidos en las instalaciones de la Fiscalía, tanto López Solís como algunos de sus asesores escucharon las demandas del gremio periodístico, quienes agrupados en el colectivo Ni Uno Más exigieron que se avance en las indagatorias para dar con los responsables de los asesinatos de Roberto Toledo y Armando Linares, colaboradores del portal Monitor Michoacán que fueron ultimados en Zitácuaro, con apenas un mes y medio de diferencia.
Insistieron en que la FGE no agote ninguna línea de investigación, lo que deberá incluir las menciones de amenazas contra el grupo de Monitor Michoacán expresadas por Armando Linares, quien puntualmente señaló al actual alcalde Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela y al exfiscal regional de Zitácuaro Francisco Herrera Franco.
Sin adelantar más ni dar nombre alguno, el fiscal se remitió a decir que nadie puede quedar exento de la investigación, pero se le recriminó que la institución no dio protección adecuada a las víctimas, ni siquiera con la advertencia sobre amenazas y tras cometerse el primer asesinato: “Tuvieron un mes y medio para afinar la protección y no lo hicieron”, se le espetó.
Asimismo, se insistió en que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) para garantizar una mejor investigación, a lo que López Solís respondió que la carpeta ya les fue facilitada, pero hasta ahora sigue en manos de la autoridad local.
Entre otras observaciones, los periodistas hicieron saber que son muchos flancos en los que la actividad se vuelve vulnerable, no solo al cubrir la noticia, sino con otros factores como el acoso cibernético a través de cuentas anónimas o granjas de bots, por lo que pidieron una mayor atención de la Policía Cibernética, ya que este tipo de acciones ponen en riesgo a la libertad de expresión y por ende la integridad de los comunicadores.
Dicho hostigamiento no viene precisamente de grupos del crimen organizado, sino de agrupaciones políticas y funcionarios que quieren frenar la expresión de las ideas.
Al respecto, López Solís invitó a los presentes a hacer denuncias cuando sean víctimas de esta práctica, pero a cambio los integrantes del gremio pidieron que los trámites sean ágiles y no complejos, como hasta ahora.
En cuanto a los protocolos de cobertura informativa, el fiscal escuchó las quejas sobre actuaciones déspotas por parte de los investigadores y policías en la escena del crimen, donde incluso se ha obligado a borrar fotografías o retirarse de una zona determinada.
Diputados responden a comunicadores con iniciativas a favor de la libertad de prensa
Diputados locales atendieron el llamado de periodistas y presentaron este miércoles, por separado, dos iniciativas respecto a la protección del ejercicio de la libertad de prensa y del periodismo.
El diputado Oscar Escobar Ledesma del partido Acción Nacional (PAN) propuso reformar el artículo 8 de la Constitución Política local para que el Estado garantice un conjunto de acciones y medios encaminados a desarrollar políticas públicas y programas con el objetivo de reducir los factores de riesgo de los periodistas.
Riegos que asentó, favorecen las agresiones o daño a la integridad física o psicológica, amenaza, hostigamiento o intimidación que por el ejercicio de la actividad que realizan, sufran los locutores, camarógrafos, reporteros, editorialistas, y cualquier persona que ejerza oficios afines al Periodismo.
Por su parte, la diputada del partido Revolucionario Institucional (PRI) Adriana Hernández pugnó por homologar el Código Nacional de Procedimiento Penales al Código Penal estatal respecto de que las consecuencias jurídicas del delito integren cuando se cometa un delito doloso en contra de algún periodista, persona o instalación con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información.
Ambas iniciativas son en respuesta a las peticiones que periodistas, comunicadores, fotoreporteros hicieron ante el Pleno el pasado 16 de marzo de este año, cuando irrumpieron en el Pleno por el asesinato del periodista Armando Linares de Zitácuaro, recordó la legisladora.
