Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Alejandro González Arreola, director en México de Proyectos de Estado de Derecho de World Justice Project (WJP), afirma en entrevista exclusiva que el desempeño del país para combatir la corrupción en la administración de Andrés Manuel López Obrador no ha mejorado respecto al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Basado en una metodología global que el organismo diseñó hace una década, nuestro país se sigue ubicando entre las 10 naciones más corruptas del mundo, y pese al discurso de combate a este problema, añade que hay una tendencia al estancamiento, “lo cual no quiere decir que se escatimen los esfuerzos, pero no hay resultados tangibles todavía”.
El investigador fue el orador principal en el foro realizado recientemente por el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), donde analizó las virtudes de la Política Estatal en ese rubro que se aprobó a mitad de este año. En ese sentido, subraya que el combate a la corrupción “no se hace con política, sino con políticas públicas, que no es lo mismo y lo cual tiene un componente altamente técnico”.
En el caso de Michoacán, celebra que ya se cuente con una política estatal misma que considera tiene buenos fundamentos basada en distintos ejes: define de manera adecuada el concepto mismo, pues lo considera un problema sistémico y multidimensional, que va más allá de los gobiernos en turno y no tiene soluciones sencillas. Otro eje consiste en cómo implementar esa política, para lo cual propone involucrar a entes públicos como la Fiscalía estatal, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura, la Auditoría Superior de Michoacán y los municipios. “La clave para que esta política se aplique es tener liderazgos sociales, que se comprometan desde los puestos de alto nivel; sin eso no será posible”.
En cuanto al diagnóstico que enfrenta el estado, reconoce que no sale bien evaluado en Índice de Estado de Derecho en México, pues se ubica “a la mitad de la tabla” con malos números en indicadores como límites al poder gubernamental y la ausencia de corrupción.
González Arreola afirma que sí hay casos de éxito en el combate a la corrupción que pueden ser fuente de inspiración para el país y nuestra entidad. Menciona ejemplos como Uruguay, Costa Rica y Chile, que en la escala internacional que mide el propio WJP superan con el doble de puntaje a los resultados de México. “Tampoco hablamos de grandes potencias, hay que dejar atrás el discurso de que solo se puede en Dinamarca o Suiza; ahí está el caso de Costa Rica, un país pequeño que ha logrado establecer una política transgubernamental con instituciones autónomas a las que se les respeta su trabajo”.
A manera de conclusión, el representante del WJP dice que la corrupción es un fenómeno multidimensional que se expresa en espacios públicos y privados, que llega “desde lo más alto y hasta el nivel de la ventanilla”. Por ello no concuerda con el discurso de que este problema se extingue si se barren las escaleras de arriba para abajo, “eso no funciona, la evidencia te dice que no existe un solo actor que tenga todas las capacidades e información para combatirlo, pues se requiere de un involucramiento colegiado y colectivo, de ahí la importancia de contar con el Sistema Estatal Anticorrupción”.
Evitar reparto de cuotas
En el marco de fortalecer al órgano que vigila en Michoacán los actos de corrupción, Jesús Ibarra Cárdenas, expresidente del Comité de Participación Social del SEA Jalisco, encabezó el diseño de una metodología que se aplica para la elección del secretario técnico su símil en el estado. La importancia de este método radica en que el perfil de ese puesto esté completamente alejado “del reparto de cuotas y cuates”, afirma en entrevista, en la cual añade que se busca que el mérito y la capacidad sea lo que prevalezca en este nombramiento.
La metodología que ya cuenta con reconocimientos nacionales evalúa conocimientos del candidato, se puede reconstruir por cualquier persona y aplica criterios cercanos a los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Es fundamental que se aplique un filtro de esa magnitud, porque da confianza, evita el influyentismo y erradica los puestos meramente políticos”, subraya.
La terna final será dada a conocer a finales del año, mientras que el nombramiento tendrá que hacerse en el mes de enero de 2023. En todo ese panorama, Ibarra Cárdenas apunta que la política estatal anticorrupción en Michoacán “no va a caminar sola” y coincide con González Arreola en que el éxito de la misma depende de que los actores públicos se comprometan a apoyarla y le inviertan más recursos, que se vaya más allá de las recomendaciones y se llegue a lo obligatorio.
