/ jueves 4 de abril de 2024

Acuerdo de gentes por el agua

Vienen días difíciles. La escases de agua nos va a apretar a todos. A algunos más que a otros, pero a todos. Que más quisiéramos que el comportamiento seco del clima diera un giro extremo y nos obsequiara un período milagroso de lluvias primaverales.

Para nuestra desdicha un milagro semejante que recupere nuestros manantiales y embalses no ocurrirá. Incluso las conciencias más escépticas sobre las predicciones de sequía terminarán topándose con esa realidad: no hay agua, o hay muy poca.

Las acciones gubernamentales que se realicen para los próximos meses en materia hídrica no podrán ofrecer resultados en este período de estiaje, si acaso para el próximo año 2025, y dependerá de la regularidad del período de lluvias en este verano.

El método de bombardeo de nubes con yoduro de plata y acetona para generar lluvias focalizadas, como lo anunció el gobierno, tiene una limitante extrema: sólo funciona ahí donde hay formaciones nubosas. Es decir, la probabilidad de generar lluvias con ese método es baja. Eso se intentó en los embalses del Cutzamala y los resultados fueron pobrísimos, las represas de ese sistema reportaron la semana pasada un nivel crítico del 38 %.

Las áreas urbanas de Michoacán tienen definida su condición de acceso por el nivel de los cuerpos de agua que las abastecen; la administración y tandeo del líquido será decisivo para evitar colapsos. No obstante, las localidades rurales en su inmensa mayoría tienen definido su futuro hídrico por el estado de sus arroyuelos, humedales y manantiales. Carecen pues de la infraestructura que las ciudades sí poseen.

Sin embargo, en la zona aguacatera distribuida en más de 45 municipios, existe una poderosa y eficiente infraestructura hídrica, que en la mayoría de los casos opera al margen de la ley. Pozos y hoyas captadoras de agua se cuentan por decenas de miles y aunque también han sufrido merma en sus existencias (30 % menos que en años pasados, según datos oficiales), el agua realmente existente en esas regiones se encuentra ahí.

El agua que debería ir por los ríos, los arroyuelos, o manar de los ojos de agua y los humedales, está retrancada en las zonas altas para destinarla al riego de huertas aguacateras, o en represas y hoyas en las planicies para usarse en el cultivo de frutillas.

El desorden con el que han crecido estas agroindustrias en nuestro estado ha roto desde hace tiempo los equilibrios y ha agudizado el problema del acceso al agua de las poblaciones rurales. La crisis por sequía será un dolor de cabeza en las ciudades, pero en las poblaciones rurales podría tener tonos de fatalidad.

El agua se necesita ahora y es una cuestión de vida o muerte para muchos pueblos pequeños. Las obras hídricas del gobierno no podrán abastecer en las próximas semanas a esa población pues el agua no va a brotar milagrosamente el día de mañana. En contraste los pronósticos del monitor de sequía de Conagua son un golpe de realidad preocupante.

Hasta ahora no se ha promovido lo que por sentido común puede realizarse: alcanzar en lo inmediato un “acuerdo de gentes” entre los que tienen el agua y los pobladores que la ocupan para que esta llegue a los hogares y a sus labores esenciales.

En Madero, algunas comunidades con el acompañamiento del gobierno municipal han construido estos acuerdos de buena voluntad mediante los cuales los poseedores de hoyas permiten que los pobladores de tierras abajo accedan al agua.

Este tipo de “acuerdo de gentes” podría generalizarse con la promoción de los gobiernos municipales y las autoridades ambientales estatales y federales para que la población del campo acceda al agua y no sufra.

Más allá de si las hoyas y algunos pozos son ilegales ―como en efecto lo son― sería absurdo y letal esperar a que los legisladores legislen y el poder judicial sancione tales anormalidades y ordenen a que en apego al derecho humano las aguas sean liberadas cumpliendo también con el interés de seguridad nacional que este bien representa.

De manera transitoria, este “acuerdo de gentes” fundado en los valores de comprensión, solidaridad y respeto, puede ser un instrumento vital para atenuar los estragos en la salud y la economía de las comunidades rurales ante el próximo período de sequías.


Ha realizado periodismo de opinión desde 1989 a la fecha en distintos medios, destacando en los últimos 10 años el abordaje de la problemática ambiental. Es consejero ciudadano del Consejo Estatal de Ecología (COECO), Integrante del Consejo Promotor de Área Natural Protegida de Madero, sur de Morelia y Acuitzio del Canje, Promotor de la Unión de Resineros de Madero

Vienen días difíciles. La escases de agua nos va a apretar a todos. A algunos más que a otros, pero a todos. Que más quisiéramos que el comportamiento seco del clima diera un giro extremo y nos obsequiara un período milagroso de lluvias primaverales.

Para nuestra desdicha un milagro semejante que recupere nuestros manantiales y embalses no ocurrirá. Incluso las conciencias más escépticas sobre las predicciones de sequía terminarán topándose con esa realidad: no hay agua, o hay muy poca.

Las acciones gubernamentales que se realicen para los próximos meses en materia hídrica no podrán ofrecer resultados en este período de estiaje, si acaso para el próximo año 2025, y dependerá de la regularidad del período de lluvias en este verano.

El método de bombardeo de nubes con yoduro de plata y acetona para generar lluvias focalizadas, como lo anunció el gobierno, tiene una limitante extrema: sólo funciona ahí donde hay formaciones nubosas. Es decir, la probabilidad de generar lluvias con ese método es baja. Eso se intentó en los embalses del Cutzamala y los resultados fueron pobrísimos, las represas de ese sistema reportaron la semana pasada un nivel crítico del 38 %.

Las áreas urbanas de Michoacán tienen definida su condición de acceso por el nivel de los cuerpos de agua que las abastecen; la administración y tandeo del líquido será decisivo para evitar colapsos. No obstante, las localidades rurales en su inmensa mayoría tienen definido su futuro hídrico por el estado de sus arroyuelos, humedales y manantiales. Carecen pues de la infraestructura que las ciudades sí poseen.

Sin embargo, en la zona aguacatera distribuida en más de 45 municipios, existe una poderosa y eficiente infraestructura hídrica, que en la mayoría de los casos opera al margen de la ley. Pozos y hoyas captadoras de agua se cuentan por decenas de miles y aunque también han sufrido merma en sus existencias (30 % menos que en años pasados, según datos oficiales), el agua realmente existente en esas regiones se encuentra ahí.

El agua que debería ir por los ríos, los arroyuelos, o manar de los ojos de agua y los humedales, está retrancada en las zonas altas para destinarla al riego de huertas aguacateras, o en represas y hoyas en las planicies para usarse en el cultivo de frutillas.

El desorden con el que han crecido estas agroindustrias en nuestro estado ha roto desde hace tiempo los equilibrios y ha agudizado el problema del acceso al agua de las poblaciones rurales. La crisis por sequía será un dolor de cabeza en las ciudades, pero en las poblaciones rurales podría tener tonos de fatalidad.

El agua se necesita ahora y es una cuestión de vida o muerte para muchos pueblos pequeños. Las obras hídricas del gobierno no podrán abastecer en las próximas semanas a esa población pues el agua no va a brotar milagrosamente el día de mañana. En contraste los pronósticos del monitor de sequía de Conagua son un golpe de realidad preocupante.

Hasta ahora no se ha promovido lo que por sentido común puede realizarse: alcanzar en lo inmediato un “acuerdo de gentes” entre los que tienen el agua y los pobladores que la ocupan para que esta llegue a los hogares y a sus labores esenciales.

En Madero, algunas comunidades con el acompañamiento del gobierno municipal han construido estos acuerdos de buena voluntad mediante los cuales los poseedores de hoyas permiten que los pobladores de tierras abajo accedan al agua.

Este tipo de “acuerdo de gentes” podría generalizarse con la promoción de los gobiernos municipales y las autoridades ambientales estatales y federales para que la población del campo acceda al agua y no sufra.

Más allá de si las hoyas y algunos pozos son ilegales ―como en efecto lo son― sería absurdo y letal esperar a que los legisladores legislen y el poder judicial sancione tales anormalidades y ordenen a que en apego al derecho humano las aguas sean liberadas cumpliendo también con el interés de seguridad nacional que este bien representa.

De manera transitoria, este “acuerdo de gentes” fundado en los valores de comprensión, solidaridad y respeto, puede ser un instrumento vital para atenuar los estragos en la salud y la economía de las comunidades rurales ante el próximo período de sequías.


Ha realizado periodismo de opinión desde 1989 a la fecha en distintos medios, destacando en los últimos 10 años el abordaje de la problemática ambiental. Es consejero ciudadano del Consejo Estatal de Ecología (COECO), Integrante del Consejo Promotor de Área Natural Protegida de Madero, sur de Morelia y Acuitzio del Canje, Promotor de la Unión de Resineros de Madero