No obstante ser la mayor amenaza para los bosques michoacanos el cultivo ilegal del aguacate continua viento en popa. Hasta ahora lo que se viene haciendo a nivel federal, estatal y municipal ha sido de plano insuficiente.
De nada ha servido el capítulo 24 del TMEC en el que se establecen los compromisos ambientales trinacionales para la defensa de los bosques y los ecosistemas en su relación con la producción. Estados Unidos sigue importando cientos de miles de toneladas de aguacate proveniente de huertas ilegales sembradas en terrenos forestales.
Y ni qué decir de las leyes federales y estatales que prohíben de manera clara y contundente el cambio de uso de suelo, la tala ilegal y el incendio de bosques. Hasta ahora no hay ley que valga para frenar la carrera expansiva del aguacate ecocida.
La gravedad de este problema ha sido minimizada en los hechos. El daño ambiental ha sido banalizado. Se asume como el costo tolerable y aceptable del crecimiento del sector agropecuario y con orgullo se presume el dominio michoacano sobre el mercado global.
Qué importa si las leyes nacionales son pisoteadas, qué importa si se baila “Juan Colorado” sobre el capítulo 24 del TMEC, qué importan los estudios científicos que nos advierten sobre las consecuencias climáticas de la deforestación y el incremento del estrés hídrico en los ecosistemas y en la vida humana.
El fracaso institucional, ya no se diga para revertir la muerte de los bosques, sino incluso para frenar la expansión ilegal del cambio de uso de suelo y de plantaciones aguacateras, es incuestionable, está frente a los ojos de todos.
Existe un evento de enorme significado ocurrido en los últimos años y que ilustra con crudeza este fracaso propiciado por el cabildeo del poder aguacatero. La Ley de Desarrollo Forestal Sustentable de Michoacán estableció el 29 de diciembre de 2016 la facultad de las instancias ambientales para contener la ilegalidad ambiental, usando verdadero dientes contra los violadores de la ley, es decir, otorgándoles facultad para desinstalar plantíos ilegales.
Esa facultad estaba establecida en el artículo 166 fracción III de dicha ley, sin embargo, en una reforma hecha con el mayor sigilo en la LXXIV legislatura fue derogada con dedicatoria gloriosa a los aguacateros ilegales.
En su momento los aguacateros ilegales, la APEAM y varios diputados aguacateros, impugnaron la consistencia de dicho artículo, pero no ganaron en los tribunales ninguna impugnación, si acaso una y recurriendo a la inimputabilidad por edad del dueño.
De la legislación ambiental que tiene como propósito cuidar de los bosques el artículo 166 fracción III era el único que realmente otorgaba dientes a las instituciones para en el acto, en flagrancia, intervenir y desmontar las plantaciones ilegales.
A la abrogación del artículo 166 fracción III no le sucedió una norma mejorada o más eficiente para impedir el cambio de uso de suelo, le sucedió llanamente el vacío y el perdón automático y de facto para quienes deseen tirar bosques y cultivar aguacate.
Los efectos de esa claudicación los podemos comprobar en más de 15 predios en la región de Madero, en donde la expansión aguacatera sigue imparable. En todos esos predios, a pesar del respectivo sello de “clausura”, algunos con antigüedad de 4 años, el delito continuado se ejercita todos los días. Cualquier ciudadano puede dar testimonio de cómo en esos predios “intervenidos” laboran regularmente cuadrillas de trabajadores acondicionando las huertas en por lo menos 6 días a la semana.
Estamos ante el hecho extraño de que la denuncia de cambio de uso de suelo ahora significa una garantía para el dueño, porque una vez clausurado, por algún misterio inexplicable, dicho sello se convierte en sello de autorización.
La justicia ambiental, allá en los sitios donde está ocurriendo la devastación de bosques es inexistente. Los procesos legales quedan emplazados al infinito. La ley no es ni rápida ni expedita, simplemente no se hace valer. Como consecuencia de ello en Madero no hemos visto que las cientos de hectáreas denunciadas retornen a su condición de bosque, es pérdida absoluta, son prósperas huertas.
Michoacán necesita, le urge, una legislación y una política firme, con dientes, con rigor, para que las instituciones hagan su trabajo y garanticen resultados. Con lo que hay lo único que está garantizado es el fracaso.
Ha realizado periodismo de opinión desde 1989 a la fecha en distintos medios, destacando en los últimos 10 años el abordaje de la problemática ambiental. Es consejero ciudadano del Consejo Estatal de Ecología (COECO), Integrante del Consejo Promotor de Área Natural Protegida de Madero, sur de Morelia y Acuitzio del Canje, Promotor de la Unión de Resineros de Madero
