Sabido es por todas y todos que desde hace más de una década México atraviesa una de las peores olas de violencia que hemos vivido como país, y no hay sector social que esté exento de ésta, sin embargo, hay sectores que por su condición natural se encuentran en un estado mayor de vulnerabilidad, por ejemplo, las personas periodistas y comunicadores.
El primer mes del año arrancó de manera sangrienta y dolorosa para el gremio pues en un mes se reportaron 4 periodistas asesinados en distintos estados del país. Lo que nos sirvió como recordatorio de que México se encuentra entre los 3 países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión del periodismo y, que del 2000 a la fecha han sido asesinados 148 periodistas sólo en el país.
En México ser periodista significa ser parte de un sector productivo vulnerable, permanecer siempre alerta ante las constantes amenazas y agresiones que, dicho sea de paso, en el 49% de las ocasiones provienen de funcionarios públicos. Es así que las y los periodistas no sólo se encuentran amenazados por los grupos delincuenciales, si no por aquellos que según los organismos internacionales deberían garantizar su protección y el derecho a la libertad de expresión: los gobiernos de todos los niveles.
Y hablando de libertad de expresión, quisiera ser más clara del porqué una agresión a un periodista es un ataque a todos, incluidos nosotros como ciudadanos, y además es también una amenaza a la libertad de expresión como derecho humano y como elemento garante de un estado de democrático y es que no nos debe quedar duda que cuando se mata a un periodista, la agresión es contra todas y todos y nuestro derecho a saber.
La libertad de expresión es un derecho humano que como varios más no es absoluto y encuentra su límite en el discurso de odio, que son aquellos comentarios o expresiones que discriminan o incentivan a violar derechos humanos de las personas, salvo ésta restricción, el derecho humano a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, no debe encontrar ningún otro límite, y mucho menos si la restricción es en pro de esconder la verdad. Un estado que garantiza los derechos humanos y la libertad de sus ciudadanos a expresar su mente y a la crítica es un estado de derecho que para bien mantendrá a su pueblo informado, claro ejemplo de todo lo que como país no somos.
A pesar de que desde el 2012 contamos con el Mecanismo de Protección a Periodistas y defensores de derechos humanos a nivel federal y que desde 2017 se cuenta en la entidad con el organismo homologo, las políticas de protección no han mejorado y esto se debe en gran medida a la gran demanda que tiene el mecanismo de protección, pues la política reactiva de protección por sí sola, no va a garantizar la protección y vida de los periodistas. Se necesita una política pública integral que parta de la prevención, mejore esquemas de protección con mayor presupuesto, personal más capacitado, una mirada de acceso a la justicia y la verdad, la reparación del daño y garantías de no repetición
Y para esto es necesario que se involucre a todas las autoridades del estado mexicano, pues en ellas están los primeros contactos y cada una en el ámbito de sus facultades y competencias deberá facilitar las condiciones para ejercer el periodismo y la sensibilización sobre la importancia de las y los comunicadores.
En México se agrede a la prensa cada 12 horas, esto es una evidencia total de que la libertad de expresión está en riesgo y ante la impunidad sistemáticamente frente a los delitos, la complicidad civil y la omisión de las autoridades nos enfrentamos a un muy desalentador panorama, no sólo para las y los periodistas, sino para todas las personas ciudadanas.
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