El gobierno federal emanado de la tercera alternancia en la Presidencia ha tenido muchas dificultades para fortalecer un entramado institucional que le permita gobernar con mejores resultados. Ha buscado mecanismos para contraer, convertir, fusionar, integrar, suprimir, trasladar órganos de la administración pública, pero no, hasta la fecha, para hacer que funcionen con pujanza.
El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo llegar el pasado 14 de abril, a las 3:19 de la tarde, una nueva iniciativa a la Cámara de Diputados. Se argumenta que su propósito es “racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal (APF), con el fin de eficientar los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente”.
Un argumento más tiene que ver con el destino de los recursos que se supone son excedentes: “la reorganización que se propone permitirá eliminar la dispersión de recursos públicos, para dirigirlos al cumplimiento de las funciones sustantivas del Estado, que consisten en satisfacer necesidades sociales y construir la infraestructura indispensable para el desarrollo nacional”.
Con la iniciativa se busca extinguir, fusionar o integrar 18 instancias: siete órganos desconcentrados, ocho organismos descentralizados, un fideicomiso y dos unidades administrativas. Se trata de la sexta reforma administrativa que el Ejecutivo propone al Congreso, tres de las cuales ya fueron aprobadas: la del 30 de noviembre de 2018 que creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y las del 2 de abril y 6 de noviembre de 2020, que en conjunto extinguieron 153 fideicomisos.
Los cambios se plantean en el Sistema Nacional Anticorrupción, se busca robustecer al Fondo de Cultura Económica, por un lado, pero por otro se estaría aprobando la desaparición del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) y del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam). También se incluyen modificaciones a órganos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
La revisión del historial de transformaciones, recambios o desapariciones de organizaciones del entramado administrativo público no permite asegurar, todavía, resultados positivos. Desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. Habrá que ir midiendo los efectos de esas decisiones.
Por lo pronto, hay tres indicadores de que podríamos estar caminando más al fracaso que a una transformación con resultados de la APF: 1. continúa la muy grave sobrecarga de trabajo a las Fuerzas Armadas, especialmente al Ejército, que lo mismo construye aeropuertos y trenes que bancos; esto ha traído como consecuencia cierta inquietud en su interior: “sube el trabajo, pero no los salarios”, se dice. Lo cierto es que el número de deserciones parece ir en aumento en los últimos meses.
2. Mientras se altera la APF, se insiste en el sostenimiento de estructuras paralelas, como en el caso de los servidores de la nación, con el riesgo de establecer más bien relaciones de tipo clientelar y poco transparentes que implementar mecanismos eficientes y diáfanos para la distribución de recursos públicos.
3. Morena extinguirá un organismo que creó en acuerdo con el gobierno federal hace apenas tres años: el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Para su director general, Juan Antonio Ferrer Aguilar, su sustitución por IMSS-Bienestar no se debe a que fracasó, sino a que se busca consolidar los esfuerzos de salud en los estados. Él, por lo pronto, no oculta sus aspiraciones políticas en el estado de Tabasco.
Antaño, el conjunto de organizaciones públicas no sólo representaba una base de respaldo social muy importante para el presidente de la República en turno, sino que además tenía la pretensión de contribuir a resolver los problemas públicos más apremiantes. Hogaño, habrá que valorar si ambos aspectos se siguen cumpliendo en la misma medida.
El presidente López Obrador ha apostado por un gobierno más liviano, más esbelto, ojalá que la administración pública resulte un elemento a destacar en los próximos años por su transformación y no por su malogramiento.
Amasijo
Las universidades públicas son espacios relevantes de intercambio de ideas, pero también de disputa política. Ya se vivió en Michoacán la asunción de Yarabí Ávila González como rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en los próximos meses ocurrirá lo mismo en la máxima casa de estudios del país, la UNAM. Pero habrá que poner también atención a lo que ocurre en otras entidades, como en Querétaro, tierra panista, en donde comienzan a sonar nombres para ocupar la rectoría de la importante Universidad Autónoma de Querétaro, entre ellos el de la reconocida politóloga Marcela Ávila-Eggleton.
Politólogo por la UNAM. Doctor en Procesos Políticos por la UAM. Profesor e investigador en la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo (UCEMICH). Twitter: @Javier_Rosiles, Facebook: jrosilessalas, email: javier.rosiles@gmail.com
