En plena era de la información, cuando el conocimiento humano se duplica cada dos años, resulta inconcebible que siga haciendo falta elementos para conocer el estado de la educación en nuestro país. A pesar de contar con un sistema educativo inmenso, con organismos especializados en investigación educativa, en estadística y en mejora continua de la educación, la información pública existente sobre el estado que guardan el sistema educativo nacional, así como la situación de sus entidades federativas es escasa e insatisfactoria, toda vez que no permite conocer la realidad ni diseñar procesos de mejora continua.
Los baldazos de realidad nos llegan constantemente al respecto. Recientemente, el acceso a la información educativa fue severamente golpeado por lo que está ocurriendo con el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) la cual recibió la revocación de su carácter de Información de Interés Nacional (IIN), de parte del INEGI a petición de la SEP, paso que fue secundado por un apagón del portal electrónico oficial donde se consultaba el invaluable padrón de trabajadores de la educación, de escuelas y de estudiantes, lo cual ya mereció reclamo nacional y, seguramente, acciones jurídicas al respecto.
Para dimensionar la gravedad de lo ocurrido, hablemos de Michoacán. Recordemos que, antes del padrón de maestros, había criminales que estaban en la lista de los 10 más buscados del país, sin que ello les generara problema alguno para cobrar puntualmente su cheque como maestros. Lo anterior ocurrió hasta que la irregularidad se supo, fue nota nacional y no les quedó de otra a los funcionarios michoacanos que suspender el pago, a pesar del pánico que les había paralizado durante años. Ahora, sin el SIGED, podrán repetirse esos escenarios.
Pero no solamente es el error de apagar el SIGED, sino que también existen áreas de oportunidad que merecen atención inmediata. Se requiere hacer esfuerzos para la mejora continua de la educación, partiendo de la evidencia y el diagnóstico, para pasar a la formulación de políticas públicas hasta su evaluación continua.
Particularmente, la Comisión Nacional para la Mejora de la Educación (MEJOREDU) debe redoblar esfuerzos con la provisión de información actualizada y pertinente para la toma de decisiones. Cabe resaltar que ya lo ha estado haciendo recientemente, pero sigue haciendo falta mucha más información, que sea prioritaria, urgente, relevante y estratégica, siempre construida con apego al método científico y que permita soportar la toma de decisiones.
La autoridad educativa estatal, en incontables ocasiones y en diferentes administraciones ha probado que la rendición de cuentas es un árbol de raíces profundas, de sombra perenne y de frutos dulces, porque cuando han hecho bien las cosas, a pesar de los intentos de politizar cifras, se ha reconocido su accionar y lo que se ha trabajado bien ha funcionado para blindar sus propias acciones. Incluso, cuando las cifras no han favorecido a alguna administración, el reconocimiento honesto y frontal de la situación ha dejado una impronta permanente.
En contraste, el intentar engañar a la opinión pública, el ocultamiento de información y la omisión en la construcción y difusión de indicadores educativos siempre ha cobrado altas facturas en todos los aspectos a quienes han incurrido en esa clase de prácticas.
Recientemente, Mejoredu, a través de su comunicado 033 menciona los supuestos incrementos de algunos indicadores educativos estatales de Michoacán, los cuales fueron presentados en la entidad en un auditorio exclusivamente conformado por funcionarios del gobierno estatal, donde se presentaron estadísticas conformadas con información recopilada en 2020, en el marco del Censo Nacional de Población y vivienda realizado en ese año. Las cifras más rimbombantes presentadas tienen que ver con incrementos naturales, en todo caso pírricos y producto más del acaso, del esfuerzo personal y de las circunstancias que de políticas públicas consistentes implementadas durante una década entera.
Estando aún pendiente la elaboración de un diagnóstico, estudiante por estudiante, en materia de situación socioemocional, socioeconómica y de pérdida de aprendizajes, resulta secundario voltear a ver por enésima ocasión la información censal que se presentó en el primer trimestre de 2021. Urge también presentar comparativos entre cada uno de los ciclos escolares y, sobre todo, generar propuestas de política pública para que las entidades federativas actúen en consecuencia.
Todos los ciudadanos, como observadores ciudadanos autónomos del sistema educativo estatal debemos de exigir que las autoridades realicen su labor, para la cual se les paga. En este caso, la exigencia es por más y mejor información sobre el estado que guarda la educación en Michoacán.
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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.
