Participar en los asuntos públicos es sinónimo de argumentar. Salir a la plaza pública, al espacio común y a los medios de comunicación implica la exposición de razones, de evidencias y el esclarecimiento de la agenda enarbolada por cada grupo o actor interviniente.
Recientemente, en Michoacán hemos padecido una primavera repleta de protestas, algunas con causas sumamente legítimas, con reivindicaciones históricas por delante. En contraste, hemos también presenciado el desfile de exigencias absurdas y de auténticas extorsiones al gobierno en turno.
Particularmente, hay una presión desmesurada por parte de algunos grupos encunados al interior del sector educativo estatal quienes reclaman recursos multimillonarios para ser administrados y asignados a voluntad suya. La autoridad ha presentado sus argumentos para exhibir las razones por las cuales tales exigencias son imposibles de atender positivamente.
Sí, vendría bien la instalación de mesas plurales para la discusión de políticas públicas, también conocidas como red de políticas públicas en la literatura especializada, ante la ausencia de organismos de auténtica participación ciudadana, sin conflictos de intereses. Pero, es un hecho que, ante la ausencia de razones, las movilizaciones sirven para hacer prevalecer la ley del más fuerte.
Empero, ceder en la rectoría de los exámenes de ingreso a las escuelas normales, incurrir en permisividad para la contratación de personal en la SEE, así como en su adscripción y promoción sería inaceptable para un gobierno transformador. Se ha resistido a ceder durante medio año, defendiendo la constitucional posesión de la rectoría de la educación, así deberá seguirse fortaleciendo durante lo que resta del sexenio.
El precio de contratar aviadores, compradores de plazas y recomendados sin vocación, perfil, experiencia, carácter ni valores para estar frente a grupos de niños y jóvenes en formación es inconmensurable. El desperdicio de contratar mil plazas indebidamente al año es multimillonario: si aproximamos el costo por cada personaje de esta índole a 150 mil pesos anuales, al cabo de 40 años se habrán pagado 6 mil millones de pesos del erario sin recibir contraprestaciones en materia de servicios educativos brindados a las generaciones jóvenes, por lo cual el despilfarro es inmenso. De los indicadores educativos resulta trivial hablar: por algo las cifras se mantienen prácticamente igual que hace dos décadas, ocupando nuestra entidad casi los mismos lugares al fondo de la escala nacional. Las vidas, sueños, carreras y aspiraciones truncadas se cuentan por cientos de miles anualmente.
A últimas fechas, resulta ya muy estentórea la campaña negra en contra de algunos funcionarios estatales, quienes justamente están tratando de ordenar y sanear la nómina educativa, las plantillas de personal, los ingresos, promociones y adscripciones, entre otros procesos. Uno de los alegatos de sus detractores es que no se están tomando decisiones, ni se están asignando recursos conforme a la conveniencia de los grupos que les denuestan. Esas vociferaciones provienen especialmente algunas cabezas visibles de la CNTE roja y azul, quienes a través de sus redes sociales y medios de difusión próximos a si, se han dado a la tarea de construir una narrativa en la cual jamás logran explicar la razón por la cual se les habrían de entregar sus multimillonarias exigencias. ¿A cambio de qué se les debe permitir colocar listas de prelación e imponer cuotas al gobierno estatal? ¿En qué momento de la historia educativa reciente de Michoacán ser un recomendado de las cúpulas sindicales ha sido garantía de efectividad, perfil idóneo, de vocación y resultados de alto impacto en las aulas?
Bien haría el poder ejecutivo estatal en no remover a ninguno de esos funcionarios, como lo exigen destempladamente los iracundos liderazgos de grupos que se sienten dueños de la educación estatal. Mucho mejor sería, que se les arropara y permitiese actuar conforme a derecho, protegiéndolos de las reacciones que están sobreviniendo por la respectiva afectación de intereses de quienes tenían capturados los procesos ya mencionados.
En suma, apoyemos a la autoridad cuando se trate de defender los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes en Michoacán, así como los recursos destinados para tales efectos. Especialmente, aquellos que tienen que ver con la dignidad, identidad y condiciones del magisterio, el cual merece reivindicación, partiendo del hecho de que no debe haber nunca más simuladores que se hagan pasar por maestros cobrando como tales. Esa clase de corrupción, por ser profundamente inmoral, lesiva y antijurídica se debe de impedir y de combatir con todo el rigor del estado mexicano.
