Durante décadas, por así convenir a los intereses cupulares, Michoacán ha sido una entidad federativa carente de evaluación en la educación pública básica. Se han intentado aplicar diversas pruebas estandarizadas, pero no se ha tenido éxito en alcanzar el universo censal, ni siquiera una muestra estadísticamente significativa. Los bloqueos al respecto provienen de personajes en franco conflicto de intereses, a saber, quienes al menos forman parte de una de estas categorías: las cúpulas disidentes magisteriales, quienes por convocar a marchas, paros, bloqueos y movilizaciones -las cuales llegaron a promediar hasta cuarenta días de clases perdidos por ciclo escolar- dejaron a los estudiantes sin clases y, con ello, en situación de rezago en materia de aprendizaje respecto a sus pares de otras comunidades o entidades federativas; las autoridades educativas, quienes no pudieron hacer valer el estado de derecho para proteger el derecho a estar, aprender y convivir en las escuelas de la niñez y la juventud, pudiendo incluso estar coludidos con los que bloquearon los planteles; finalmente, la posible intromisión de posibles beneficiarios privados de la precarización de la calidad de la educación pública, muy probablemente también pertenecientes a alguno de los dos primeros grupos de personajes citados. Con ello, el conflicto de intereses configuró la colusión impune para argüir la eterna “falta de condiciones para la evaluación” en la educación pública básica en la entidad. Sin embargo, no podemos continuar con una venda en los ojos ignorando o negando la realidad. A ocho meses del inicio de la actual administración pública estatal es indispensable conformar un diagnóstico sobre la realidad imperante en las comunidades escolares de educación básica en Michoacán de Ocampo, para poder construir medidas de política pública que se encuentren cimentadas en piezas de evidencia y, por ende, sean sólidas científica y metodológicamente.
Para lograrlo es necesario que se contemplen tres grandes áreas de investigación: el aprendizaje de los estudiantes de primaria, tanto presente como retrotraído, para conocer los posibles desaprendizajes generados por efectos del confinamiento; la situación socioemocional que guardan estudiantes, maestros y padres de familia actualmente y las eventuales afectaciones ocurridas durante la pandemia; finalmente, deberá investigarse también la situación socioeconómica, en materia de infraestructura, equipamiento y conectividad que guardan estudiantes, maestros y sus familias tanto en los planteles escolares como en sus hogares. Con base en ello podrá tenerse un panorama mínimo para poder identificar claramente las necesidades que deban ser resueltas mediante políticas públicas.
Respecto a la evaluación, es importantísimo que el diagnóstico tenga exclusivamente ese carácter, de ser un instrumento para medir y explicar la realidad imperante en cada comunidad educativa, evitando dotarle de un matiz conductista que mediante el estímulo o castigo incida en las escuelas, maestros o estudiantes. Conocer y comprender la realidad debe ser consustancial a este afán investigativo, realizado con apego al método científico y empleando a fondo el arsenal metodológico existente: que se mida cuando haya que comparar; pero que se indague cualitativamente cuando haya que comprender y explicar lo que una simple medición es incapaz de definir. Mediante un enfoque mixto podrá ampliarse la comprensión de la realidad educativa michoacana y darse pasos grandes para volver realidad los atributos constitucionales de la educación en cada comunidad escolar.
SÍ, en Michoacán se requiere evaluación, pero se requiere más hacer valer plenamente los derechos constitucionales de las niñas, niños y jóvenes en la entidad a estar, convivir, aprender y participar en las escuelas. En el contexto de que Michoacán ha perdido por default la oportunidad de evaluarse, es de saludarse la aplicación de PISA 2022, pero se requiere mucho más que se impulse la cultura de la evaluación integral y con miras a conformar procesos de mejora continua en la política pública educativa, en aras de integrar un programa sectorial de educación 2022-2027 basado en la realidad imperante.
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*Doctor en ciencias en desarrollo regional y Director General de Mexicanos Primero Capítulo Michoacán.
