Al paso de los años, la metodología de la política debe de ajustarse a nuevos modelos de relaciones políticas, tipos de actores y posición de los actores políticos frente a la acción gubernamental, en particular la del ejecutivo. La gobernabilidad ha transitado de mecanisnos impositivos propios de un poder absoluto en la figura del ejecutivo, a un diálogo interinstitucional entre poderes públicos, así como con los diversos sectores y grupos sociales que han logrado construir nuevas formas de presencia pública.
Es así que, durante años, la construcción de la gobernabilidad se trazó mediante el camino de la imposición gubernamental, empezando por quiénes gobernarían a través de los partidos políticos, posteriormente, a través de las políticas públicas impuestas desde una visión unilateral de los representantes partidistas que ejercen el poder temporalmente, hasta la cultura de gobernar, en la que solamente importaba la visión del gobernante, quien a partir de la legitimidad política producto de las elecciones, asumía una posición de plena libertad para imponer ideas, visiones, acciones y obras para beneficio de la sociedad. Dicha forma de gobernar tenía sentido cuando la idea de la representación política se sustentaba en la elección de las mejores personas dentro de la sociedad que, se presuponía, tenían la capacidad de convertir los deseos y sentimientos sociales, en acciones racionales. Lo que al paso del tiempo no necesariamente ha sido así.
Por ello, la nueva gobernanza parte de otra realidad, el viraje de la intervención gubernamental mediante una acción pública enfocada en garantizar derechos humanos, los cuales, se presentan como la base y sustento de la función de gobierno, lo que hace necesario identificar los derechos que mayor impacto colectivo tienen en la sociedad, e iniciar un diálogo permanente con los titulares de los mismos, para construir política públicas que garanticen los derechos humanos.
Lograr convertir a las acciones públicas en acción dirigidas a respetar los derechos requiere de una nueva metodología de gobernar, la cual pasa por edificar acciones a partir del diálogo más que por la imposición de una visión, que por buena que pueda ser, no tiene la legitimidad ciudadana que los derechos humanos requieren para poder tener efectividad.
Por todo ello, la gobernanza hoy obliga a una nueva forma de acciones públicas de las instituciones gubernamentales, en la que la metodología sea la comunicación orientada en la emisión de políticas públicas que logren cambiar la realidad de cada persona a partir de condiciones de dignidad personal y social.
